12.08.08 - 15:37 -
El abogado Bartomeu Vidal, que asiste al ex gerente del Consorcio de Turismo Jove, Damià Amengual, en las inmediaciones de las dependencias de la Jefatura de Policía de Palma de Mallorca. /EFE
El ex gerente se niega a declarar
Otras dos personas han sido imputadas por la presunta trama de corrupción del Consorcio de Turismo Joven del Gobierno de Baleares durante la pasada legislatura, que ayer se saldó con la detención de seis personas, de las que tres permanecen en las dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Los dos nuevos imputados están acusados también de delitos de presunta malversación de caudales públicos.
Fuentes policiales han confirmado que los tres detenidos que se encuentran en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía, en Palma -después de que ayer los otros tres fueran puestos en libertad-, comparecerán mañana ante el juez.
Entre los seis detenidos ayer se encuentran dos ex altos cargos del Consorcio de Turismo Joven del Gobierno insular en la pasada legislatura y cuatro trabajadores de la entidad, que se enfrentan también a una acusación por prevaricación, cohecho, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Ex altos cargos del Gobierno de Matas
Los implicados son el ex gerente del Consorcio Turismo Joven, Damià Amengual; el contable de la entidad, Jaime Cerdà; el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gozálbez; y la esposa de este último, María Reyes Carbonell. El quinto detenido es Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el sexto el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no ha trascendido.
Fuentes policiales han señalado que los seis detenidos son "antiguos responsables, a diferentes niveles, del Consorcio de Turismo Joven de Baleares".
La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Gobierno de Baleares en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebrarán las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Jove.
Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Ejecutivo controlado entonces por Jaume Matas, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.
A los detenidos se les imputan el pago de varias comisiones en diferentes obras.
